El Consell autoriza 7.100 plazas en residencias de la Comunitat Valenciana

El contrato puesto a dispoción de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene un valor de licitación de 542,8 millones de euros

Texto de Jaume Vidagañ

El incremento progresivo de la población mayor y el grado de envejecimiento de este sector poblacional obligan a tener unos servicios asistenciales públicos especializados, adecuados y de calidad

En este sentido, el Consell ha autorizado un contrato para la puesta a disposición del sistema público de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 7.100 plazas en centros residenciales de personas mayores de la Comunitat Valenciana, por un valor de licitación de 542,8 millones de euros en un periodo máximo de tres años, IVA incluido.

Las plazas, que se destinarán para aquellas personas en situación de vulnerabilidad o con una necesidad social, se distribuirán a lo largo de los centros residenciales de la Comunitat Valenciana: 4.191 en la provincia de Valencia, 2.033 en Alicante y 886 en Castellón. Además, se estima que el contrato podría obtener una prórroga de dos años al finalizar su actual concesión, lo que aumentaría el coste para la Generalitat Valenciana hasta los 981 millones de euros.

El contrato tiene como finalidad unificar en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y que se incorporan al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales como plazas que son sostenidas con fondos públicos.


Nuevo modelo residencial

Este contrato lleva aparejada la implantación plena de un nuevo modelo residencial centrado en la persona, que es el pilar básico de las políticas desarrolladas desde el Consell del Botànic. “Ahora prima el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses empresariales, como ocurría en épocas pasadas, donde el negocio de unos pocos estaba por encima del interés de la mayoría”, destacan desde la conselleria.

Para ello, durante la anterior legislatura se produjeron los primeros avances con la implantación de condiciones antimonopolio para que las empresas pudieran concurrir a las contrataciones en igualdad de condiciones.

Asimismo, se comenzaron a valorar condiciones relacionadas con la mejora de la calidad asistencial, se endurecieron los criterios para eliminar las bajas temerarias y se redujo el peso del precio en la adjudicación. 

Además, la conselleria también ha impulsado un cambio en el sistema de adjudicación, de manera que esta va determinada por criterios de calidad, con la introducción de nuevos parámetros valorables mediante fórmulas objetivas. “Criterios de carácter social, medioambiental y de innovación, que modulan la relación coste-eficacia y la relación calidad-precio”, explican fuentes de la conselleria.

De igual modo, se propone la licitación de 1.539 nuevas plazas, con la finalidad de atender la gran demanda que existe en el ámbito de las personas mayores. 

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