La ley de la Dependencia de 2006 fue un hito del Estado del Bienestar ya que supone una prestación para mejorar la vida de la persona que «dependen de alguien» en su día a día y precisa de ayuda por ser mayor o por tener una discapacidad. El sistema permite elegir al usuario entre una cartera de servicios, que se agrupan en tres sectores: una prestación económica por el cuidado en el entorno familiar (un familiar cuida a la persona dependiente y recibe un dinero por ello), otra para la asistencia personal (la persona dependiente recibe un dinero para contratar a un asistente personal) y una tercera ayuda económica vinculada al servicio (es decir, una prestación económica para recibir ayuda a domicilio, para pagar la plaza en una residencia o para hacer lo propio en un centro de día). Así, en función de qué necesita la persona dependiente y cuál es su nivel de renta, recibe una u otra cuantía teniendo en cuenta, además, el grado de valoración de su dependencia (que se estipula en grados uno, dos y tres, de menor a mayor dependencia).

Las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar la ayuda a la dependencia desde los servicios municipales de las diferentes localidades y desde la Conselleria de Igualdad, en el caso de la Comunitat Valenciana. En teoría, el Estado debe aportar el 50% de la financiación de las prestaciones pero la realidad es que no es así y solo paga el 26% en la Comunitat Valenciana. De esta forma, la Generalitat, que también deberían pagar el 50%, se hace cargo de las tres cuartas partes del pago.

La ley de la Dependencia establece una horquilla de mínimos y máximos sobre las cuantías que deben recibir los usuarios en función del servicio y del grado que tengan de valoración. Los gobiernos autonómicos no pueden conceder menos dinero del que marca la normativa pero sí pueden superar el máximo que registra la ley siempre y cuando la financiación de ese «extra» sea a su cargo, gracias a un acuerdo territorial firmado en 2012. Es decir, el acuerdo asegura que se «establecen unos criterios mínimos y comunes de aplicación en todo el territorio, si bien las comunidades autónomas pueden recoger variaciones a través de su propia normativa de desarrollo que es la que determinará su propio procedimiento para calcular las cuantías definitivas de las prestaciones económicas a reconocer a las personas beneficiarias, en función de la capacidad económica de las mismas».

Ahora bien, esa capacidad de las autonomías para fijar diferentes cuantías de las que estipula la ley supone diferencias territoriales en cuanto a qué cobra (de media) cada persona dependiente en función de la autonomía donde resida. Así consta en una respuesta a un senador de Compromís, quien preguntó «cuál es la prestación mínima y máxima que puede cobrar una persona con el grado reconocido I,II y III de dependencia en cada comunidad autónoma». Y la respuesta del Gobierno sitúa a la Conselleria de Igualdad como una de las administraciones que más paga al usuario de media en las prestaciones, superando (en numerosas ocasiones) las cuantías máximas que establece la ley.

Así, si existen 15 prestaciones a las que puede optar una persona dependiente, la Comunitat Valenciana es la que más paga en 7 de ellas. Además, en todas aparece entre las tres primeras autonomías que más paga al usuario y solo en una (la ayuda a cuidados familiares en grado I,) aparece en quinta posición. De hecho, duplica el pago de la gran mayoría de autonomías en la prestación de ayuda a la asistencia personal en grado III al fijar una media de 1.350,9 euros al usuario cuando la máxima que establece el decreto es de 715 euros y la mayoría de autonomías ronda los 500.

En la respuesta del Gobierno, y respecto a las prestaciones económicas vinculadas a un servicio, destaca «la alta variabilidad en función del tipo de servicio contratado por la persona dependiente». Es precisamente en estas ayudas donde la Comunitat Valenciana va a la cabeza ya que de las 9 ayudas que contempla la cartera de servicios, la Comunitat Valenciana es la que más paga en seis de ellas, concretamente en la ayuda vinculada a domicilio en grado III, prestación vinculada al servicio de residencia en los tres grados, y ayuda para pagar un centro de día en grado I y II). En las otras tres prestaciones vinculadas al servicio ocupa la segunda y tercera posición. Así, destacan ayudas para el pago de la plaza en una residencia para personas dependientes en grado I que conceden de media 1.438,6 euros donde la ley establece un máximo de 300 euros y la cuantía media del resto de autonomías es de 460 euros.