La Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana convirtió, el pasado año 2019, a la Comunitat Valenciana en la primera autonomía que por ley «declara los servicios sociales universales, esenciales y de interés general», aseguraron en aquel febrero, cuando se presentó la nueva norma, desde la Vicepresidencia del Consell.

La ley aprobada por Les Corts Valencianes estuvo precedida por una inversión sin precedentes para el refuerzo de los equipos sociales base municipales, que en 2015 era de 9,6 millones de euros y que en el momento de su aprobación ascendió hasta los 48,3 millones de euros. 

La ley «reconoce y garantiza» el acceso al sistema público valenciano de servicios sociales a todas las personas con residencia efectiva en territorio valenciano que lo requieran, «dando cuerpo normativo a la cuarta pata del Estado del Bienestar que transforma las prácticas asistencialistas y caritativas de épocas pasadas, en una concepción moderna de derechos subjetivos y de alcance universal», subrayaron.

Según se explicó ya en aquel momento, el hecho de que los servicios sociales sean considerados un derecho subjetivo implica que los presupuestos «estarán al servicio de la ley y no al revés». Es decir, nadie dejará de tener la prestación social que le corresponda porque el presupuesto garantizará el cumplimiento del derecho. Con la nueva norma se pasa de 0 a 35 prestaciones garantizadas reconocidas de carácter profesional, económico y tecnológico.

Entre las principales novedades que presentó la norma, esta regula los niveles funcionales del sistema con una atención primaria básica y una secundaria.

En el caso de la primaria, los ayuntamientos son la puerta de entrada a estos servicios sociales, que incluyen los servicios de violencia de género y machista, acompañamiento social a las personas con diversidad funcional y a las personas con problemas crónicos de salud mental. Este tipo de atención es de carácter diurno, nocturno y ambulatorio. Por su parte, la atención secundaria es de carácter residencial.

Asimismo, también contempla la delimitación del territorio para garantizar la equidad en el acceso, estableciendo una zonificación con demarcaciones territoriales y un mapa de servicios sociales donde se identifican las necesidades y su cobertura.

Gracias a esta norma, por primera vez se ordenó y garantizó la estructura profesional de los equipos para la atención centrada en la persona y en sus necesidades. Y es que, esta regulación no solo favorece la estabilidad y movilidad laboral, sino que además permite atender la complejidad social con nuevas figuras profesionales como el asesor jurídico y profesionales de la integración social.

De hecho, estos profesionales cuentan desde 2019 con el apoyo de instrumentos técnicos como la plataforma de información integrada o la historia social única, facilitando la comunicación entre profesionales y la coordinación entre entidades.

Respecto al número de trabajadores de los servicios sociales municipales, la situación en 2015 era de un profesional por cada 12.743 habitantes en la Comunitat Valenciana. Atendiendo a las cuentas presentadas de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas relativas al ejercicio de 2022 —el más ambicioso de su historia al sumar 2.199 millones de euros—, estas servirán para financiar 27.385 empleos directos, a lo que hay que añadir los casi 5.000 que se crearán a través de la ejecución del Plan Convivint de Infraestructuras Sociales. Unos datos que convierten a la valenciana en una de las autonomías estatales preferentes en ratio de profesional por habitante.

La ley también incluyó la creación del Instituto Valenciano de Formación, Calidad e Investigación en Servicios Sociales para promover la calidad en los servicios, prestaciones y recursos humanos de la red pública. Así, la formación e investigación son aristas esenciales para la Conselleria de Igualdad, que en 2022 incrementará  en más del 72 % la inversión respecto a 2021.

Han sufrido mejoras, también, en las nuevas cuentas las partidas destinadas a cuidados (430 millones de euros) o las políticas de acompañamiento a la vida independiente de jóvenes ex tutelados, entre otras. Otro aspecto significativo es la lucha contra la violencia de género. En este sentido, el próximo año se destinarán 28,3 millones de euros a políticas que combatan esta lacra social. Cabe destacar que esta cuantía duplica la cifra anual establecida conjuntamente con el movimiento feminista, que era de 12 millones de euros.